Tras el escándalo, el Banco Nación eliminó la norma que permitió que funcionarios del Gobierno consiguieran préstamos millonarios

Abr 12, 2026 Noticias Politica

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Un grupo de 40 políticos y altos funcionarios del Gobierno, con sueldos estatales, accedió de manera rápida a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos extraordinarios, de hasta 340.000 dólares, con las tasas más bajas del mercado. Aunque no se ha detectado una trama delictiva, esta situación generó fuertes sospechas de que los beneficiados utilizaron sus cargos y contactos para obtener privilegios y saltarse la lista de espera.

En septiembre de 2024, el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, junto con su vicepresidente Darío Wasserman —esposo de la legisladora porteña Pilar Ramírez—, modificaron la resolución 802 sobre “empleados del sector público”. En el apartado de Condiciones Generales de dicha normativa, se incorporó un párrafo donde se especificaba que podían acceder a los créditos hipotecarios, además de los empleados públicos habituales, quienes perciban ingresos del sector público en cargos políticos designados por resolución o electivos, incluidos senadores y diputados como las legisladoras Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada.

Más de un año después, al difundirse en redes sociales información sobre el acceso de importantes funcionarios del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, a estos créditos —en su mayoría destinados a segundas o terceras viviendas y por montos cercanos a los 250.000 dólares—, el Banco Nación eliminó ese apartado a través de la circular N° 0092/2026, emitida el 9 de enero. La modificación, autorizada por el propio Wasserman, quien asumió como presidente del banco un mes antes, suprimió la mención a “cargos políticos designados por resolución o electivos” de la reglamentación 802.

Funcionarios del área económica consultados por Clarín señalaron que fueron los propios beneficiarios quienes solicitaron aclarar originalmente que podían acceder a estos préstamos, con la intención de evitar críticas e “indignación” futura. Sin embargo, precisamente esa indignación se propagó tras el escándalo, porque muchos de los funcionarios que accedieron a los préstamos ya poseen una o varias propiedades, incluso en barrios cerrados y countries privados.

Un integrante del gabinete admitió ante Clarín que la modificación normativa buscó “intentar escabullirse y dar de nuevo”, reconociendo el impacto negativo que generó la situación en la opinión pública, teniendo en cuenta que ocho de cada diez ciudadanos que solicitan créditos hipotecarios son rechazados. Ante la controversia, el presidente Javier Milei defendió la legalidad de los préstamos y afirmó que “no hubo nada ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión ni afectaron el derecho a la propiedad”.

Un experto en la gestión del Banco Nación señaló que la inclusión explícita de los funcionarios en la normativa fue “una estupidez” y aclaró que nunca se impidió a empleados públicos acceder a créditos hipotecarios. Según esta fuente, lo que motivó el despido de Tillard no fue esa modificación, sino que nombró a su hijo como broker en operaciones financieras del propio banco, información que Caputo y Milei habrían conocido por medio de un colaborador cercano a Tillard.

Otro funcionario del Ministerio de Economía expresó su perplejidad ante la capacidad de algunos beneficiarios para afrontar las cuotas de préstamos que pueden alcanzar los cuatro millones de pesos mensuales, considerando que los salarios oficiales difícilmente superan los diez millones anuales. Afirmó, además, sospechas sobre el nivel de ingreso y estilo de vida que mantienen estas personas.

El escándalo reavivó el debate sobre el uso de los recursos públicos y la transparencia en la asignación de créditos hipotecarios reservados para empleados estatales, mientras crece la demanda insatisfecha de la mayoría de los ciudadanos.

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