Corrupción en la AFA: un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención e inhibición de los bienes de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Abr 17, 2026 Noticias Politica

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El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes al juez de turno la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, así como de su entorno familiar y empresarial, por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Además, pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de los bienes de los imputados, que incluyen decenas de empresas, inmuebles y vehículos.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay; sin embargo, debido a que este se encuentra de vacaciones, el expediente fue derivado al juez federal de turno en Tucumán, dentro de la misma jurisdicción judicial, informaron fuentes oficiales a Clarín.

El fiscal fundamenta los pedidos de prisión preventiva en la consideración de que se trata de “una organización criminal nacional e internacional con importantes recursos económicos que podrían obstaculizar la investigación o fugarse del país”. Asimismo, los delitos imputados conllevan una pena mínima de ocho años de prisión, que sería de cumplimiento efectivo en caso de condena.

Según Simón, Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, habría autorizado y permitido la sustracción de fondos de la entidad al avalar transferencias a favor de empresas vinculadas a Toviggino, como Real Central SRL, propietaria de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. Entre estas empresas se encuentra TourProdEnter, de Javier Faroni, que desde 2021 recaudó alrededor de 400 millones de dólares en el extranjero por la gestión de la Selección Argentina, y que emitió facturas a firmas relacionadas con Toviggino, según el fiscal.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal imputó a Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado. También fueron mencionados como sospechosos María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo. Fuentes aclararon que el pedido de detención no alcanza a los hijos de Toviggino.

La presunta plata negra habría ingresado a la organización mediante una defraudación sistemática, organizada y prolongada en perjuicio de la AFA, que incluyó evasión de impuestos, emisión de facturas falsas y maniobras con el dólar blue.

El fiscal detalló el proceso de lavado de dinero en tres etapas. En la primera, los fondos ilícitos fueron introducidos en el sistema financiero a través de una estructura societaria creada por Toviggino, integrada por empresas como Malte, DCT, Bori, HT, SOMA, Norte Argentino, Lindor, Barwa, Maroma, Segon, Carbello, Servicios Neurus, Servicios Lindor, Vandap, Wicca y Real Central (antes Central Park Drinks). Aunque actualmente Toviggino no figura inscripto en sociedades con domicilio en Santiago del Estero, anteriormente estuvo vinculado a Norte Argentino, SOMA, Indunoa, DCT y HT, entre otras.

Informes de ARCA, la Inspección General de Justicia y los registros de propiedad inmueble y automotor evidencian un crecimiento exponencial del capital social de varias de estas compañías, así como la titularidad de decenas de vehículos. También se registraron numerosos viajes al exterior, según la Dirección de Migraciones, y adquisiciones de 35 inmuebles en Santiago del Estero, que incluyen estancias, casas y terrenos.

En la segunda etapa, varias de estas sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar los envíos de fondos desde la entidad, aunque, según el fiscal, dichas empresas no prestaron los servicios declarados. Esta etapa se caracteriza por la estratificación del dinero, mediante la emisión de facturas interempresariales que complican el rastreo de los fondos.

La tercera etapa consistió en la introducción de los fondos al mercado mediante distintas modalidades. Tras la facturación interempresas, Pablo Toviggino adquirió bienes a nombre de las sociedades para su uso exclusivo, disimulando así el origen real del dinero y el verdadero destinatario de las operaciones. Además, las empresas constituyeron plazos fijos, invirtieron en acciones y compraron dólares MEP para obtener rendimientos dentro del circuito formal.

La causa se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia enviada al correo oficial de la Fiscalía de Santiago del Estero por Aldo Sergio Parodi, quien acusó al gobernador Gerardo Zamora de desviar millones de pesos para subsidiar los negocios de su supuesto cómplice Pablo Toviggino, dueño del Club Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros señalamientos.

Mientras el fiscal Simón avanza con estas medidas en Santiago del Estero, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si la investigación sobre la mansión de Pilar continúa bajo la jurisdicción del juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, o del juez porteño Marcelo Aguinsky. En el futuro, también deberá definirse la competencia judicial de esta nueva

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