Declara Cristina en el caso Cuadernos: preparan un fuerte operativo de seguridad y los K una marcha

Mar 16, 2026 Noticias Politica

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Efectivos de la Policía Federal, una serie de pedidos de autorización, un aviso clave sobre el movimiento con la tobillera electrónica, el ingreso por una calle lateral, son algunos de los elementos que componen el celoso dispositivo de seguridad dispuesto para este martes cuando Cristina Kirchner comparezca de forma presencial ante el Tribunal que la juzga en el caso de los Cuadernos de las Coimas. Con la declaración de la ex presidenta inicia una nueva etapa en el debate: las indagatorias de los 86 imputados.

Desde las 7 de la mañana, parte de la militancia y a través de las redes sociales convocó a una concentración en las inmediaciones de San José 1111 donde Cristina cumple prisión domiciliaria desde el 12 de junio de 2025 tras la sentencia condenatoria de 6 años de cárcel por el caso Vialidad, en la que se la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El slogan de la convocatoria versa: “Siempre con Cristina, Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa. Nosotros vamos a estar con ella. Martes 17 en San José 1111. Desde las 7 am hasta que vuelva Cristina”.

Cristina fue citada por el TOF 7, integrado por los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, responsables de llevar adelante el juicio de los Cuadernos de las coimas. Para cumplir con la orden del Tribunal, se remitieron una serie de notas a lo largo de la semana, ya que la prisión domiciliaria de la ex presidenta está a cargo del TOF 2 que ejecuta la pena del caso Vialidad. Para que pueda salir de su domicilio el martes, previo a ello se informará a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, sobre el movimiento, ya que el mismo trasciende el radio impuesto a la tobillera electrónica a través de la cual se monitorea la morigeración de la pena.

Desde ese momento, será trasladada por los efectivos de seguridad afectados a la custodia de la ex mandataria, un dispositivo que sigue estando bajo las órdenes del comisario Diego Carbone.

En los Tribunales de Retiro la organización de la seguridad está a cargo de la Superintendencia de la Cámara Federal de Casación. Juan Montesano es a quien se le notificó desde el TOF 7 no sólo la utilización de la Sala AMIA para el desarrollo de las audiencias presenciales, sino también se le delegó la responsabilidad de las medidas que deben adoptarse.

Un total de veinte efectivos de la Policía Federal que son las que tienen a su cargo la seguridad del edificio de Comodoro Py, estarán afectados al movimiento del día martes: no sólo la llegada de Cristina, sino también de Julio De Vido preso en el Penal de Ezeiza en cumplimiento de la condena de la Tragedia de Once. En el caso del ex Ministro de Planificación Federal, citado para declarar el martes, hará uso del derecho a no prestar declaración en esta instancia -sino más adelante-, pese a ello el TOF 7 ordenó que esté presente en la Sala. La defensa había requerido que no sea trasladado por su delicado estado de salud. Esto fue rechazado el día viernes.

La organización de la jornada establece que el vehículo que traslade a la ex mandataria más los móviles con el personal de custodia que la acompañan, ingresen por la calle Letonia, una de las laterales al predio de Comodoro Py. Ese ingreso la conduce directamente a la Sala AMIA donde deberá estar antes de las 9 de la mañana para cumplir con los formalismos previo al inicio de la audiencia.

No se descarta que finalizada su declaración, se establezca un cuarto intermedio en el cual se le autorice a Cristina a dejar el edificio. Hay pautadas otras declaraciones para ese día: Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

La resolución de los magistrados fijando el cronograma de declaraciones fue resultado del rechazo -tal como había pedido la fiscal general, Fabiana León y la querella-, a los 55 planteos de nulidad que presentaron las defensas para poner punto final al juicio que comenzó -de manera virtual-, el 6 de noviembre con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Esto es: las maniobras investigadas y los delitos que cometió cada uno de los imputados. Es así que desde el martes, las indagatorias contarán con una metodología híbrida: quienes fueron citados a declarar deberán estar en la Sala AMIA de Comodoro Py y las demás partes podrán seguir la audiencia de manera virtual.

El juicio por los Cuadernos de la corrupción

Según el Ministerio Público Fiscal, la organización criminal investigada en este expediente funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló el fiscal Carlos Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.

En ese contexto, se le imputó a Cristina Kirchner ser la jefa de la asociación ilícita, la coautoría del delito de cohecho pasivo reiterado en 204 oportunidades, y uno como partícipe necesaria.

La investigación desarrollada por Carlos Stornelli, se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.

Fue en dicho marco que se determinó -como sostiene el requerimiento de elevación a juicio-, la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

El esquema delictivo corroborado por más de doce funcionarios judiciales en diversas etapas del proceso, condujo por segunda vez en los últimos cinco años,a la ex mandataria al banquillo de los acusados. En esta instancia inaugurará las declaraciones a partir de las 9 de la mañana del martes.

La primera vez que Cristina declaró en el marco de un debate oral y público fue en 2021 cuando le gritó a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que ellos “iban a tener que responder preguntas” porque la historia “a mí ya me absolvió”. Un año después, recibió su primera condena.

Las acusaciones que pesan sobre CFK

La ex mandataria deberá defenderse en esta etapa,de las acusaciones atribuidas a lo largo de la investigación. Cuando se firmó el requerimiento de elevación a juicio se sostuvo que en este expediente se puso énfasis en las “presuntas actividades delictivas habituales, vinculadas a la obtención y recepción de dinero de procedencia ilícita, recaudado mediante distintas empresas contratadas por el Estado Nacional y por algunas entidades públicas”.

El caso inició con las copias incorporadas al expediente de los cuadernos manuscritos por Oscar Centeno, el ex-chofer de Roberto Baratta. Fue el puntapié inicial para lo que la justicia denominó como la «mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años».

A lo largo de la investigación, el Ministerio Público Fiscal dio por corroborado que Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Claudio Uberti, José López, entre otros, “integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

Para la justicia federal, la organización de la asociación ilícita dirigida primero por Néstor y luego de su muerte por Cristina Kirchner contó con la participación de las máximas autoridades del extinto Ministerio de Planificación Federal. Todos ocuparon diversos roles para garantizar “el funcionamiento del sistema recaudatorio”.

La asociación ilícita, según determinó Stornelli, estuvo constituida por más de tres personas destinada a “cometer delitos, la cual habría operado, con carácter permanente, al menos entre los años 2008 y 2015, ambos inclusive -ese período posteriormente fue prolongado a los años 2003-2015”.

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