Qué ocurre con las “propofest” y el caso del enfermero cero en el Hospital Fernández

Abr 07, 2026 Noticias Nacionales

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Para Argentina en 2026, drogarse con medicamentos del botiquín de un anestesista se ha convertido en una macabra realidad. Tres causas penales, investigadas en simultáneo en la Justicia porteña, ponen al descubierto este fenómeno.

El lunes por la tarde, el Ministerio Público Fiscal difundió los resultados de la autopsia del enfermero Eduardo Bentancourt, encontrado sin vida la semana pasada en su departamento de la calle Oro, en Palermo. En el lugar se hallaron más de 50 frascos de diversas sustancias, entre ellas propofol y fentanilo. La causa de la muerte fue una cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar. Además, se encontró una jeringa con tres ampollas usadas en la cocina y una marca de inyección en el pliegue del codo derecho. Las pericias toxicológicas, a cargo del Cuerpo Médico Forense y que podrían tardar semanas, intentarán determinar si una inyección de anestesia fue la causa del deceso. La investigación está bajo la fiscalía de Carlos Vasser.

La muerte de Bentancourt reavivó la atención sobre el fallecimiento del residente médico Alejandro Zalazar, ocurrido en un contexto donde se presume robo de anestésicos en el Hospital Italiano. Esta causa está a cargo del fiscal Eduardo Cubría. En paralelo, el presunto hurto en el Hospital Italiano involucró al anestesista Hernán Boveri y a la residente Delfina Lanusse, alias “Fini”. Ambos estuvieron allanados e indagados bajo la acusación de robo en ese centro de salud, en una causa impulsada por el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera.

El fenómeno de las llamadas “propofest” —fiestas en las que se consumiría propofol en “viajes controlados”— aparece en estas investigaciones, aunque la ley argentina no considera al propofol una droga ilegal. Por esa razón, la Justicia no investiga directamente las “propofest”. La causa contra Boveri y Lanusse se limita por ahora al hurto. Mientras no se establezcan vínculos con muertes como las de Zalazar y Bentancourt o con otros daños denunciados, no se abrirían nuevos expedientes. Según fuentes judiciales, hasta el momento no se hallaron conexiones entre Boveri, Lanusse y las muertes mencionadas. El análisis del teléfono del anestesista será clave para avanzar.

Este escenario plantea una paradoja y un problema grave: la verdadera dimensión del consumo y adicción al propofol y al fentanilo en Argentina sigue siendo un misterio. ¿Cuántos usuarios existen? ¿Qué tan extendido está este consumo marcado por la muerte? ¿El propofol es realmente parte de la problemática nacional de drogas?

El Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, referente histórico en adicciones en la ciudad de Buenos Aires, ofrece un panorama esclarecedor. Carlos Damín, su jefe y director del hospital, es uno de los mayores expertos en toxicología del país. Según Damín, en la última década solo detectaron un único usuario de propofol, un enfermero porteño de poco más de 30 años que llegó al hospital cerca de 2016 con adicción a fentanilo. Este profesional reconoció haber consumido propofol en al menos dos ocasiones y completó un tratamiento exitoso en el Fernández.

En 2017, un enfermero del mismo hospital fue imputado y procesado por la Justicia porteña por robar siete ampollas de fentanilo. Por su parte, en 2019 se inició una causa federal tras el robo de más de 400 ampollas de propofol en el Hospital Churruca. El mercado negro que alimentaría estas sustancias podría abastecer centros de estética sin controles, abortos clandestinos o veterinarias, aunque se desconoce exactamente su destino.

El propofol y el fentanilo, aunque son medicamentos que conviven en el mismo botiquín, tienen usos muy diferentes. “El propofol es un hipnótico, mientras que el fentanilo es un opiáceo”, explica Damín. El primero induce el sueño, el segundo alivia el dolor. La adicción al fentanilo es mucho más probable que al propofol. A fines de 2025, el Hospital Fernández no registraba pacientes usuarios ni en consumo ni en abstinencia de estas sustancias.

Los casos de adictos a opiáceos o anestésicos inyectables suelen ser pocos y aislados, generalmente hombres con acceso a farmacéuticos corruptos o profesionales de la salud. Un caso singular fue el de un técnico en computación ligado a un grupo neonazi porteño, condenado en 2015 por un homicidio. Este individuo reconoció en su indagatoria consumir fentanilo múltiples veces al día, incluso la mañana del crimen, aunque no reveló cómo obtenía la droga.

Históricamente, el conde Federico Zichy Thyssen, uno de los hombres más ricos de Argentina, fallecido en 2014, consumía meperidina —un potente analgésico vendido como Demerol— hasta diez veces por día. Tras un grave accidente de auto en Francia, comenzó a inyectarse esta sustancia, que sospechaban traía desde Paraguay en avión privado.

Mientras tanto, las “propofest” siguen siendo un mito en la opinión pública: ¿realmente sucedieron o no? La posible evidencia que confirme su existencia podría aparecer en el análisis del teléfono de Hernán Boveri. Por ahora, según una fuente oficial, el posible delito radica en inyectar a terceros con sustancias potencialmente robadas de un hospital. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas concretas de venta de

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