Causa Vialidad: Cristina Kirchner recusó al juez Ricardo Lorenzetti

May 06, 2025 Noticias Politica

«Sus declaraciones públicas del pasado jueves 1 de mayo no hacen más que confirmar las veladas amenazas ‘en off’», señala la presentación realizada por la expresidenta contra el supremo.

En el marco de la causa Vialidad, Cristina Kirchner recusó al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti por sus declaraciones sobre la votación del pliego del magistrado Ariel Lijo en el Senado.

«Ayer, en la causa ‘Vialidad’, recusamos a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema. Sus declaraciones públicas del pasado jueves 1 de mayo en América 24 no hacen más que confirmar las veladas amenazas ‘en off’ vertidas en el diario Clarín el día anterior a la votación del pliego del juez Ariel Lijo en el Senado de la Nación», sostuvo la expresidenta en su cuenta de X.

Y agregó: «En ese mismo sentido, son de público y notorio todas las circunstancias que rodearon la nominación de dicho magistrado como nuevo miembro de la Corte, y el rol de Lorenzetti en ese proceso. Estos hechos fueron denunciados por una Senadora Nacional en la sesión pública y no sólo nunca fueron desmentidos, sino que, casi un mes después, son increíblemente ratificados por el propio Lorenzetti en un reportaje».

«Las interpretaciones de terceros ajenos al respecto no dejan lugar a dudas acerca del verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado: dejarme fuera del proceso electoral inminente y en el cual, además, ya comenzaron a correr los plazos. En realidad, nada nuevo bajo el sol: PROSCRIBIR es el verbo… y el sujeto, el PERONISMO.», resaltó.

En el mismo mensaje, Cristina Kirchner compartió el escrito completo presentado contra el juez Ricardo Lorenzetti y recomendó «la lectura del punto IV: ‘La situación contextual. LOS HECHOS’».

Causa Vialidad: enviaron el expediente a Cristina Kirchner a la Procuración

La Cámara Nacional Electoral fijó el 17 de agosto como fecha clave para presentar candidatos a legisladores nacionales para participar de las elecciones generales del 26 de octubre, lo que presiona a la dos veces presidenta Cristina Kirchner, quien espera el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad que la involucra.

La potencial confirmación de la condena por corrupción ingresó al Máximo Tribunal que solicitó la opinión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para determinar si corresponde revisar o aumentar la pena de seis años de prisión contra la ex vicepresidenta.

La acción busca dar lugar al análisis de la queja que presentó el fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación, en la que planteó que se incremente la condena contra Cristina Kirchner a doce años tras sumar seis años otorgados por asociación ilícita al de administración fraudulenta.

La Cámara Federal de Casación rechazó la presentación del fiscal y condenó a la titular del Partido Justicialista peronista solo a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ante el fallo, Villar presentó un recurso extraordinario para alcanzar la instancia de la Corte. En el recurso, definió de «arbitraria» la decisión de Casación y sostuvo que la sentencia absolutoria por asociación ilícita de la expresidenta y del condenado empresario Lázaro Báez fue una «decisión inválida».

Una vez que ingrese el dictamen, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti debatirán si dan lugar a la apertura de los recursos de queja directa. De confirmarse la condena Cristina quedaría imposibilitada de ser candidata para ocupar cargos públicos.

Por su parte, la defensa de la exmandataria presentó su propia queja para revertir la doble condena en su contra, sancionada por el Tribunal Oral 2 y ratificada por la sala IV de la Cámara de Casación. A través de su abogado Carlos Alberto Beraldi, Cristina Kirchner presentó el último recurso para evitar que la sentencia quede firme.

Si el Máximo Tribunal decide declinar el recurso, la condena quedará firme, y la expresidente, de 72 años de edad, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria aunque la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se activaría, afectando de manera directa el calendario electoral.