Caso Cuadernos: el cuadro de acusaciones del que Cristina debe defenderse en el banquillo

Mar 16, 2026 Noticias Politica

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El 6 de noviembre cuando inició el juicio del caso Cuadernos, a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) se utilizaron más de doce jornadas para leer los requerimientos de elevación a juicio. Cristina Kirchner “armó el circuito de coimas para enriquecerse ilegalmente”, se escuchó a lo largo de esas audiencias. Desde este martes, la ex mandataria deberá defenderse de una serie de hechos atribuidos: “pactos venales, beneficios mutuos, circuitos de coimas”. Un cuadro delictivo cuya pena supera ampliamente los diez años de cárcel.

Los requerimientos de elevación leídos durante la primera etapa del juicio oral y público que conduce el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castello, con la intervención de la fiscal general Fabiana León y la UIF como querellante, dieron cuenta de cómo funcionaba el circuito de coimas investigado: en el transporte, en la obra pública vial y la causa “madre” de la cual se desprendieron seis pesquisas más.

Se detalló en esas acusaciones “la existencia durante doce años de un mecanismo de recaudación” que también favoreció a los empresarios: “en esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Se acusó al empresariado de pagar “montos descomunales”. Pero todos los que recaudaban, se escuchó a lo largo de las audiencias de lectura, “lo hacían para Néstor y Cristina Kirchner”.

Un total de 86 imputados están en el banquillo de los acusados en este juicio, calificado por la fiscal general, Fabiana León, como la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.

La acusación

“La gravedad y la complejidad de la maniobra desplegada por representantes del Poder Ejecutivo de la Nación y terceras personas que conformaron la asociación ilícita evidencia la necesidad, a esta altura, de separar el análisis de los elementos probatorios y de los aportes realizados por los imputados colaboradores, con el objeto de esclarecer, con mayor precisión, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo los hechos”, versa la principal acusación.

Para la fiscalía, se conformó “una empresa delictiva que operó entre los años 2003 y 2015. Los representantes estatales fundaron una sociedad paraestatal para obtener beneficios personales de carácter económico. Específicamente para enriquecerse a título personal aunque, también, para destinar parte del dinero recaudado a la comisión de otros planes delictivos”, sostiene el requerimiento de elevación.

Se detalló que los empresarios, por su parte, “para obtener favores con relación a las empresas que representaban. Entre ellos, y a modo de ejemplo, adjudicaciones de licitaciones, otorgamientos de obras públicas, el pago de facturas emitidas, desembolsos a medida que los proyectos avanzaban, y otorgamiento de subsidios”.

Con delitos diferentes atribuidos, los empresarios no deben responder por la imputación de la asociación ilícita, los requerimientos coinciden en una premisa: “Los dos ganaban”. Los empresarios que fueron los responsables de pagar las coimas. En ese punto, se hizo referencia a la existencia de un “plan global” que entre los años 2003 y 2015 se constituyó en una asociación ilícita que fue formada, esquematizada, y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo de la Nación, como así también organizada, en mayor medida, por representantes del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.

La finalidad de la asociación ilícita fue que sus integrantes “pudieran enriquecerse personalmente de manera ilegal, mediante negociaciones y acuerdos espurios entablados con empresarios nacionales e internacionales de distintos rubros”. Eso incluía no sólo a ex funcionarios y sobre todo a Cristina como “destinataria final de los sobornos”, sino también a los empresarios.

Para ello llevaron a cabo un “plan global en el cual implementaron una logística específica y concreta de recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

Se pagaron durante doce años, dinero que algunos ex funcionarios, “se encargaron de recorrer asiduamente el circuito diagramado para la recolección del dinero, concretando encuentros con los responsables de las distintas empresas, en su mayoría, contratistas estatales, en las sedes de esas compañías o bien en otros lugares previamente acordados, para poder efectivizar cada una de las recaudaciones”.

El rol del empresariado -según determinó la justicia- “fue indispensable”, quienes concretaron “pagos de montos descomunales” durante todo el tiempo que la organización criminal funcionó.

La recaudación atribuida a CFK

La acusación sostiene que entre los principales recaudadores de ese esquema se encontraban Roberto Baratta -junto a secretarios que respondían a él-, Claudio Uberti, como José López. Ir a los puntos de encuentro acordados con los empresarios, tenía como finalidad retirarse con bolsos, valijas, bolsas con dólares mayoritariamente.

“Lo hacían para darle el dinero a Daniel Muñóz inescindible entre los años 2008 y 2010 con quienes habían organizado y/o comandado la asociación delictiva: Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, se escuchó en el juicio.

En todo momento, indica la acusación, el eslabón final de la cadena delictiva, eran los “pagos recolectados” que se entregaban al ex secretario privado de Néstor Kirchner, quien casi en su totalidad los dejaba en “dos inmuebles que en aquél entonces utilizaban Néstor y Cristina Kirchner, primero en Uruguay y segundo en la Quinta Presidencial de Olivos”.

La jefa de la asociación

La acusación que pesa sobre la ex Presidenta se determinó, entre otras medidas de prueba, a través de las confesiones de los arrepentidos, las anotaciones de Oscar Centeno como también las pruebas producidas, se pudo determinar que Cristina fue la “jefa de la banda”.

Para la Justicia la organización criminal estaba conformada por: Cristina Elisabet Fernández, Julio De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Bernardo Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, German Ariel Nivello, y Oscar Alfredo Thomas, intervinieron en una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015”, sostiene la acusación leída en la cuarta audiencia del juicio.

Pero la mayor responsabilidad penal es atribuida a la ex mandataria. “Se le atribuye a Cristina Kirchner el rol de “organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

Fue así que se la señaló como jefa de la asociación ilícita: “Dicha maniobra se llevó delante de manera sofisticada con división de roles. Cristina Kirchner está acusada de haber sido la jefa de la asociación ilícita. La organización fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación”.

En base a los elementos de prueba recabados durante la instrucción, los investigadores demostraron que el sistema de recaudación diseñado “tuvo un único vértice, por cuanto el dinero era mayormente entregado en los domicilios que utilizaban Cristina Elisabet Fernández y Néstor Kirchner, al menos durante los años 2008/2010”.

La ex presidenta fue la destinataria final de al menos, 60 millones de dólares que se entregaron en su departamento de Uruguay y Juncal y otra gran cantidad que viajó a Santa Cruz y que a la vez, fueron depositados en la quinta presidencial de Olivos.

Las evidencias contra Cristina

Al momento de explicar su responsabilidad penal como jefa de la organización criminal el Ministerio Público Fiscal detalló en el requerimiento: “Así lo evidencian las anotaciones de Oscar Bernardo Centenoy las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.

Se le dio particular relevancia a los dichos de José López como imputado colaborador, quien relató que en una reunión con Cristina Kirchner en Olivos, ella le dijo ““podes ser parte del problema o de la solución” exponiendo un cuaderno en el ex que el ex presidente anotaba todo. “A Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo que en el resto de los sectores del ministerio lo conocía”, dijo López.

Las anotaciones y confesión de Centeno fue utilizada en la acusación contra la ex mandataria: “Las veces que íbamos a Olivos, antes de ir para allá pedíamos por el teléfono las indicaciones para ir o no, entonces Rodríguez, secretario de Cristina, daba el ok y nos íbamos del ministerio a Olivos, o pasábamos por un lugar a retirar y de ahí íbamos a Olivos. Cuando llegábamos le avisaban al de la puerta y nos autorizaban el ingreso».

El relato continuó: «Ya con Cristina presidenta íbamos una vez por semana. Habremos ido 7 u 8 veces. Yo la vi a Cristina en varias oportunidades. Con Néstor Kirchner vivo íbamos más seguido, a veces por trabajo pero muchas otras para entregar los bolsos con dinero, hasta tres veces por semana. Cuando fallece Néstor las recaudaciones se empiezan a hacer una vez por semana, que es cuando dejo de escribir. Y luego cuando retomo los cuadernos, en época de Cristina…”

Debajo de la ex Presidenta se encuentran los organizadores de la asociación ilícita: De Vido, Baratta, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, José López, cada uno ellos, desde los cargos que ocupaban, “actuaron en su establecimiento y ordenamiento, y se encargaron de que se realizaran los cobros comprometidos”.

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